¡Presos políticos, libertad!

 

Cancún, México.- “Un preso político es una persona que a causa de sus creencias y actividades políticas esta encarcelada”. Esta es la definición formal que corresponde a una práctica que en México, históricamente ha sido común y que se ha agravado en el último medio siglo. La definición se ha quedado corta porque, además de los ideales políticos, en México se ha encarcelado y perseguido aún a quienes defienden a los recursos naturales, a los defensores de derechos humanos, a las activistas de los derechos de la mujer y desde luego, a periodistas a quienes, si no los asesinan, los marginan o vilipendian públicamente.

Un muy buen ejemplo de personas que han perdido su libertad por temas de “incomodidad política”, son las decenas de encarcelados por haber estado relacionados en los hechos de la defensa de las tierras de San Salvador Atenco en el Estado de México donde se pretendía construir un nuevo Aeropuerto Internacional cuando Enrique Peña Nieto era gobernador. Cito este caso porque la postura de quienes terminaron en la cárcel, más allá de su forma particular de pensar, fueron posesionarios de terrenos dedicados al cultivo que no estaban dispuestos a que se cambiara el uso del suelo que tradicionalmente es dedicado a la siembra de alimentos.

Es interesante cómo los hechos contradicen las advertencias que hacen los opositores al actual régimen en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador sería una suerte de dictador del tipo Stalin o Maduro cuando una de las garantías que más se están protegiendo es la libertad de expresión y que, en los hechos no hay persecuciones selectivas como sí se registraron especialmente en las administraciones de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto; la tragedia reside en el hecho de que no sólo trascendió el encarcelamiento de quienes pensaban distinto a ellos, además se registraron muchos asesinatos disfrazados de delitos comunes.

 

 

Esta característica hace de esos personajes, auténticos dictadores, fascistas, intolerantes de la diversidad ideológica de la ciudadanía. Un muy buen ejemplo de esa intolerancia, la cual no reconoce “geografías políticas”, es el asesinato disfrazado de “accidente” del empresario y político de derecha, militante del Partido Acción Nacional (PAN), Manuel de Jesús Clouthier del Rincón (Maquío) el 1 de octubre de 1989 en la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Un caso aún más extremo, es el asesinato del periodista Javier Valdez también en Culiacán, cuyo crimen pretendieron hacerlo pasar por un intento de robo de vehículo.

Por ello, la mesa especial que ha habilitado la Secretaría de Gobernación para atender los casos de presos políticos resulta en un hecho trascendente e histórico, pues hoy como nunca, se ha dispuesto a avanzar en un tema muy doloroso para la sociedad mexicana.

Dos acciones llaman poderosamente la atención por ser demandas muy sentidas de la ciudadanía desde hace ya muchos años; por un lado la instalación de esta Mesa especial para la liberación de presos políticos y por el otro, la primer decisión que asumiera la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, relativa a desaparecer al Cuerpo de Granaderos de esa ciudad.

En términos de los derechos humanos en México, durante esta corta administración federal se ha avanzado a pasos agigantados gracias a la naturaleza de las decisiones que se están tomando. A mi gusto, falta atender las denuncias de ciudadanos víctimas del delito, cuyos responsables han quedado históricamente en la impunidad, ya sea por protección institucional, o simplemente porque las fiscalías, antes procuradurías, no tenían la voluntad o el personal suficiente para abrir carpetas de información. En Quintana Roo, sabemos mucho del rezago en materia de procuración e impartición de justicia.

Buongiorno.

*Carlos Calzado, director Península al Día.

Escuche mientras lee: “Gymnopédies”, del pianista y compositor francés, Erik Satie.