“Desaparición Forzada”, tema ignorado en 20 estados de México

Cancún, México.- No obstante que en México se legisló en materia de prevención de la desaparición forzada de personas desde hace un año y que resultado de ello se acordó la integración de las 32 entidades federativas (estados) al Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), a través de organismos denominados Comisión Estatal de Búsqueda (CEB), 20 estados, entre ellos Quintana Roo, ni han legislado para la conformación de las CEB, ni han avanzado en la integración de esas comisiones. Las circunstancias que hoy refleja el tema de desaparición forzada a nivel nacional, a decir de la propia Secretaría de Gobernación (Segob), representa “una crisis humanitaria y de violación a derechos humanos que estamos enfrentando y queremos superar en nuestro país”.

Durante la conferencia de prensa que ofrece todas las mañanas el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se otorgó el uso de la voz al subscretario de Gobernación, Alejandro Encinas, para que explicara sobre los avances en materia de prevención de la desaparición forzada de personas y localización de víctimas, quien presentó un panorama sombrío; en principio, reconoció que, en México, se estima que actualmente hay 40 mil personas desaparecidas, más de mil 100 fosas clandestinas y 26 mil cuerpos sin identificar en los servicios médicos forenses de los estados.

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Subscretario de Gobernación, Alejandro Encinas. Fotografías y video: sitio oficial https://lopezobrador.org.mx/.

La Desaparición Forzada de Personas es una de las violaciones a derechos humanos más común en México. En términos generales, la definición, según organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA), o la Organización de Naciones Unidas (ONU): “es el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o de personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”, y agrega Amnistía Internacional (AI), “se trata de un delito de derecho internacional”.

Hay que recordar que en México, desde la “declaración de la guerra al narcotráfico”, la desaparición forzada se convirtió en una práctica común, no sólo porque el Estado, a través del Ejército, la Marina y la Policía Federal, las policías estatales y municipales la promovían, sino porque aún los grupos de la delincuencia organizada, se dedicaron al secuestro masivo de personas para reclutarlas en sus filas o para ejecutarlas y porque, en muchos casos, sobre todo en el relativo a la desaparición y asesinatos colectivos de periodistas, estudiantes y activistas defensores de derechos humanos, había una probable confabulación del Estado y la delincuencia. Es por ello que hoy, el propio presidente de México, Andrés Manuel López Obrador advirtió que “nunca más usar la fuerza para resolver problemas sociales, la paz y la tranquilidad son fruto de la justicia”.

Con base en el informe que rindió Encinas Nájera, el número de fosas clandestinas va en aumento y se contabilizan de forma unitaria aquellas que sólo contienen a un cadáver aún cuando formen parte de un complejo de éstas habilitadas en un mismo predio; el atraso de nuestro país en materia de científicos forenses y las deficiencias en los Servicios Médicos Forenses de cada entidad, han complicado la identificación de cadáveres, de hecho, se tiene información que muchos de los familiares a quienes se les ha entregado restos, no están conformes, es decir, dudan que los restos pertenezcan a su familiar.

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Por ello es que hoy mismo, el subsecretario dio a conocer el Plan de Implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda (LGMDFP); explicó que esta estrategia surge de un trabajo arduo que inició desde el periodo de transición, consideró prioritariamente la consulta a los familiares de las víctimas, a las organizaciones civiles en la materia, organismos internacionales y sobe todo, a las recomendaciones de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en materia de Derechos Humanos.

Entre las estrategias contenidas en el plan presentado hoy, que incluye once puntos, está la creación del Instituto Nacional de Identificación Forense (INIF) y un presupuesto de 400 millones de pesos, más el uso adicional de 7 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), así como protocolos para la búsqueda de personas “en vida”, es decir, para comenzar las búsquedas desde el momento mismo de la desaparición y para que las familias participen en dichas acciones con las fuerzas del estado.

Alejandro Encinas dijo que:

“No se niega que se ha registrado un avance importante en cuanto a la elaboración de leyes, pero (éstas) no sólo no se han implementado sino que, en mucho casos, se ha caído en una profunda simulación”.

Respecto de las comisiones locales, a la fecha sólo 8 estados la han conformado: Cohahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, San Luis Potosí y Querétaro. En cuatro, se está avanzando en la conformación, es decir, han sido decretadas y sólo resta nombrar a su titular: Baja California, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Los estados en los cuales no existe ningún avance: Quintana Roo, Aguas Calientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, CDMX, Durango Guanajuato, Hidalgo, Michoacán Morelos, Oaxaca, Puebla, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Yucatán y Zacatecas. A más de un año de haberse publicado la Ley General, no han tomado, ni medidas legislativas, ni la integración correspondiente de las Comisiones Estatales.

EL CASO QUINTANA ROO

La XV Legislatura del Congreso local ha dejado muchos pendientes sin legislar, de los cuales destacan, desde luego, la propia Ley estatal en materia de prevención de la Desaparición Forzada y la creación de la Comisión Estatal y otros temas fundamentales, como por ejemplo, la Ley para prevenir la Alienación Parental, el decreto para cancelar la figura de la Gran Comisión, entre otras.

Quintana Roo tiene además activa una Alerta de Género debido al creciente número de feminicidios y hechos de violencia de género, ello sin considerar el grave problema de inseguridad, tópicos que no se han controlado y que, por ende, representan el mayor lastre de la administración pública estatal.

Lo que se sabe es que los diputados integrantes de la XV Legislatura en funciones han considerado no avanzar en los temas que mantienen al Congreso en el atraso legislativo, de hecho, en el caso de la desaparición de la figura de la Gran Comisión, la cual ya sólo existe en el estado de Quintana Roo, el presidente de esa Gran Comisión, Eduardo Martínez Arcila, ha dicho que ya avanzaron en la propuesta para la implementación de la figura de la “Mesa de Concertación Política”, pero que será labor de los integrantes de la siguiente legislatura revisarla, votarla y aplicarla, lo mismo se espera de todos los demás temas que mantienen en la lista de “pendientes”.

*Carlos Calzado. Director Península al Día.