Legionarios de Cristo pederastas, denunciados públicamente en 2014; Quintana Roo, refugio de abusadores sexuales

Playa del Carmen, México.- Miles de casos de pederastia en el mundo –y también en México– son encubiertos por la Iglesia católica, confirma el informe “Pederastia clerical de mexicanos en México y en otros países de 1944 a 2013”, elaborado por activistas mexicanos y diversas organizaciones civiles y a su vez desacreditado por la Santa Sede.

El documento, dado a conocer a detalle el 10 de abril de 2014 en el Congreso de la Unión, durante el “Foro Internacional del Comité de Derechos de los Niños a la Santa Sede y las implicaciones en México”, destaca el caso Marcial Maciel, un criminal sexual que fundó la Legión de Cristo con el único fin de acumular riqueza y cometer delitos de diversa índole bajo la protección de la Santa Sede y el mismo papa en turno. Durante el foro acudieron víctimas de Maciel y de otros presbíteros, como Nicolás Aguilar, protegido por Norberto Rivera Carrera en 1997 tras denunciarse casos de abuso sexual, de acuerdo a las palabras de Sergio Sánchez Merino, presente en la reunión y quien narró los hechos en donde fue obligado a tener sexo oral con dicho cura. La investigación, cuyas conclusiones fueron expuestas por Sara Oviedo, vicepresidenta del Comité de los Derechos del Niño del alto comisionado de la ONU, puntualiza que existe una interminable lista de transferencias de párrocos en el mundo que muestra “patrones desconcertantes como la transferencia regular de sacerdotes de países europeos o de América del Norte para los estados africanos o latinoamericanos, tal vez con la esperanza que esto hiciera ‘desaparecer’ el escándalo” generado por los abusos de los curas.

“Varias investigaciones han encontrado numerosas pruebas de esta práctica y han identificado a muchos de los sacerdotes individuales involucrados en las transferencias. En abril de 2010, una pesquisa que abarcó 21 países encontró 30 estudios de casos de sacerdotes acusados de abuso sexual que habían sido trasladados o desplazados al extranjero, en algunos casos, con el fin de escapar de las investigaciones policiales. Muchos pudieron acceder a los niños en otro país, y algunos abusaron de nuevo”. En el caso de México, el caso de los Legionarios de Cristo destaca por el cúmulo de crímenes cometidos por su fundador, Marcial Maciel, y cientos de sacerdotes de la orden. En Quintana Roo se asienta el bastión de la Legión de Cristo, comandada por el obispo Pedro Pablo Elizondo, amigo cercano del difunto pederasta Maciel. En el estado también se han documentado abusos de presbíteros legionarios que fueron desplazados por el propio obispo para evadir a la justicia civil, como hace referencia el informe.

“Es bien sabido la impunidad de la cual gozó este abusador sexual, Marcial Maciel, constituyéndose en un auténtico paradigma de protección y encubrimiento institucional por parte de las máximas autoridades de la Santa Sede, incluyendo a los papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, y también autoridades de otros lugares, como el cardenal Norberto Rivera, de la ciudad de México”, refiere el informe, y continúa: “Comportamiento institucional que pone de manifiesto, por una parte, el desprecio a las víctimas, a su sufrimiento constante, a los daños que sufrieron durante muchos años, las difamaciones públicas a través de los medios, dañando su fama, honorabilidad y por la otra, la absoluta falta de respuesta a sus demandas de verdad y justicia, pues la Santa Sede y autoridades, quienes, públicamente y sin jamás ponerse en contacto con las víctimas, no sólo renunciaron a llevar a cabo un proceso civil para llegar a un veredicto judicial sobre la veracidad de las múltiples demandas que fueron entregadas al entonces cardenal Ratzinger y a Charles Scicluna, procurador de la misma congregación. Además, las autoridades eclesiales terminaron invitando a Maciel a retirarse a la vida privada para hacer oración y realizar algún tipo de penitencia sin reconocer jamás que había cometido delitos penales correspondientes al orden de la jurisdicción civil como también delitos sacrílegos de acuerdo con el Código de Derecho Canónico.

Fue hasta el 2010 que la Santa Sede reconoció públicamente que Maciel había sido un auténtico delincuente y había cometido “delitos graves”. Dentro de las conclusiones del informe, se puntualiza que la Iglesia tiene una conducta “estructural que se repite sistemáticamente en toda la organización a lo largo de los diversos países del mundo, cuya finalidad es proteger la imagen de la institución y sus ministros y evitar el escándalo público”. Es decir, “no busca la protección de las víctimas ni evitar o denunciar la comisión de los delitos”. El informe detalla que la Iglesia Católica Mexicana ha cometido “crímenes de Estado, pues las conductas pederastas fueron auspiciadas, toleradas, protegidas y encubiertas desde la cúpula misma de la estructura organizada del poder vaticano”. La Santa Sede y el Estado Vaticano, prácticamente, “violentó las normas mandatorias de la Convención sobre los Derechos del Niño e incurrió en una responsabilidad internacional que de ninguna manera debe pasar desapercibida”. El informe también solicita a la Santa Sede que explique cómo fue posible que, teniendo información del caso Maciel desde los años 40, y a pesar de las denuncias de varias de las víctimas, nunca se informó a las autoridades civiles ni tampoco se apartó al pederasta de las víctimas. Nunca se procesó a Maciel y la Santa Sede lo envió a su casa y continuó cometiendo delitos penales en contra de niños y hasta de sus propios hijos.

Además, el informe pide a la Santa Sede que se hagan públicos los documentos y expedientes en posesión de los distintos discasterios y órganos de la Santa Sede del Vaticano y de los archivos de los papas (desde Pío XII hasta Francisco) concernientes a abusos sexuales contra niños perpetrados por religiosos católicos en México, desde los casos Marcial Maciel hasta otros que no hayan salido a la luz pública.

Del mismo modo el informe pide que se esclarezca si hubo participación de la Santa Sede en los acuerdos entre los cardenales Mahony y Rivera para gestionar la fuga de Nicolás Aguilar de la ciudad de los Ángeles, en 1989, “cuando reposaban contra su persona 26 denuncias de abuso sexual a menores”. El texto también exige que se detenga el proceso de canonización del Papa Juan Pablo II hasta que “se esclarezcan las peticiones”, porque el papa debió conocer los casos de abusos a menores, por lo que tiene responsabilidad.

El informe indica que se tienen elementos para afirmar que, “en otros casos ocurridos en México en tiempos aún más cercanos, tanto obispos locales, como algunas autoridades civiles y el Vaticano, tenían la información pertinente para actuar en consecuencia, y sin embargo, no lo hicieron, mantuvieron el silencio e incluso protegieron a los sacerdotes pederastas, antes de proteger la integridad y el honor de las víctimas de abuso sexual cometida por sus clérigos”. En la presentación de las conclusiones y observaciones del informe, Sara Oviedo dejó en claro que la gravedad de los casos de pederastia radica en que la iglesia decide encubrirlos y no denuncia a sus clérigos ante las autoridades de las naciones. “Pederastas hay en todos lados, el problema es que la iglesia los protege”, refirió. Durante presentación de Oviedo, estuvo presente el presbítero Pablo Pérez Guajardo, ex legionario de Cristo radicado en Playa del Carmen y quien ha repudiado públicamente a Maciel, así como José Barba, Saúl Barrales, José Antonio Pérez y Francisco González Parga, ex Legionarios víctimas del pederasta Marcial Maciel, fundador de la orden criminal.

“No reconocen la competencia primaria de las autoridades judiciales, no se denuncia, ni tramita los casos de abuso, se reemplaza con procedimientos confidenciales y con el silencio quedan los sacerdotes sin sanción”, indicó Oviedo, quien añadió: “Las víctimas y sus familias han sido culpadas y desacreditadas por las autoridades religiosas, desalentadas, el silencio se les impuso a condición de indemnización financiera, que es peor, es humillarles aún más. El comité dice que las transferencias de una parroquia a otro ha sido conducta general, y ha permitido seguir en contacto con niños a los sacerdotes y abusar y seguir abusando. La Santa Sede dice que no hay datos, no difunde ni le interesa el problema en su magnitud”.

Oviedo señaló que la Iglesia debe separar a los curas pederastas de sus cargos para que rindan cuentas, que vean los casos como un delito, no como una infracción, y se promueva la denuncia inmediata a la autoridad competente de los países y se asegure que todos los niños tengan recuperación”.

“Los sacerdotes pederastas deben estar en la cárcel”, sentenció. El informe retoma el caso Maciel por su magnitud, ya que “los niños seminaristas fueron abusados sistemáticamente. “Los niños fueron separados de sus familias y llevados a países lejanos (controlando su correspondencia y visitas muy esporádicas), donde permanecían bajo el control casi absoluto del fundador y superior, que a su vez era su director espiritual, su director de disciplina y desde niños eran obligados a través de un voto especial de silencio (llamado de caridad), a guardar absoluto respeto al superior, a no criticarlo por nada y ante nadie y, por lo mismo, a guardar el secreto de su pederastia y drogadicción”.

La Legión de Cristo continúa cometiendo abusos y Quintana Roo representa uno de los bastiones más fuertes de la orden pederasta, cuya Prelatura en Cancún representa un sistema podrido, corrupto y dedicado al abuso sexual de menores, como lo aclara el “Informe de OSCs y personas mexicanas al Comité de Derechos del Niño”.

Pasado en Quintana Roo

El presbítero Pablo Pérez Guajardo, el 29 de septiembre de 2011, reveló cartas en donde señaló el mal actuar de los Legionarios de Cristo y al fundador de la orden, el pedófilo y difunto Marcial Maciel. En una de tantas misivas dirigidas a Álvaro Corcuera, entonces director general de los Legionarios, Pérez Guajardo manifestó su malestar por la conducta de algunos miembros de la congregación en el estado y su rumbo, ligado a lujos y excesos. En lugar de realizarse una investigación por parte de la Santa Sede y las autoridades civiles, Pérez Guajardo fue expulsado de Quintana Roo y el obispo buscó desacreditarlo. Actualmente el obispo encabeza una persecución contra Pérez Guajardo por decir la verdad. Mientras continúan los embates de la Prelatura Cancún-Chetumal para difamar al presbítero Pablo Pérez, el obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas permanece en silencio pese a ser señalado de ignorar tres históricos y supuestos casos de abusos sexuales a menores de edad, cometidos por sacerdotes de su congregación, los Legionarios de Cristo.

Pérez Guajardo apuntó que los casos de pederastia, encubiertos por el obispo (quien en vida fuera muy cercano a Marcial Maciel), no fueron castigados por las autoridades. Es decir, el obispo virtualmente los protegió y los sacó del país para evitar a la justicia. Los sacerdotes Raúl Le Blanc, Brendan Hurley y Fernando Martínez (canadiense, australiano y mexicano, respectivamente) fueron cobijados por la Prelatura Cancún-Chetumal para que sus delitos sexuales no generaran un escándalo en Quintana Roo. Pérez Guajardo confirmó los casos y denunció que con dinero del hoy extinto empresario Fernando García Salvidea, se dio 50 mil dólares a los papás de los afectados para que no entablaran un juicio. Actualmente no se investiga a la Prelatura-Cancún Chetumal. La impunidad, como lo refiere el informe, reina en la Legión de Cristo, una congregación criminal. En San Lázaro, el 10 de abril de 2014, las víctimas del clero exigieron justicia. Hoy, en 2019, a 5 años de esa reunión histórica, nada ha cambiado.

*El texto se publicó, originalmente, en la Revista Puntual en 2014. El video es de Sergio Santiago y Carlos Underwood.