Covid-19: aquellos efectos adversos de los que no se habla

Las cifras diarias sobre el número de personas infectadas con la Covid-19, los casos activos, datos sobre fallecimientos y el índice de recuperación se han convertido en el mensaje recurrente de los medios de comunicación, en relación con el impacto del virus. Pareciera que estos datos estadísticos son el nuevo indicador económico.

Es necesario reconocer el valor y la utilidad de esta información, su relevancia, en el campo de la epidemiología. Esos números permiten identificar las posibilidades de respuesta de los servicios de atención en salud frente a los requerimientos de la situación.

En las últimas semanas, las autoridades sanitarias de Colombia han señalado que el país está entrando en la etapa crítica de la Covid-19 y se han implementado distintas acciones de prevención para reducir el incremento en el número de casos.

No obstante, los espacios periodísticos de radio y televisión, entre otros, informan que en Bogotá los servicios de atención ya están cercanos al colapso.

Desde el Gobierno Nacional se han gestionado varios créditos internacionales para hacer frente al impacto de la Covid-19. Fotogramas de DW, de sus crónicas visuales sobre el coronavirus en Colombia y América Latina. Arte: Deshuesadero.

El portal de periodismo investigativo @Agencia_API precisa que según información de la Secretaría de Salud de Bogotá (SDS), al finalizar el mes de julio en Bogotá habían muerto 2.658 personas, 5.409 están en los hospitales y el contagio supera los cien mil.

Aunque el gobierno de Bogotá se ha preocupado por garantizar la atención en salud, la situación cada día es más compleja.

De acuerdo con las disposiciones de SDS, las personas que fallecen por causa de la Covid-19 deben ser cremadas.

En los primeros días de agosto, la Secretaría informó que los cuerpos podrán ser inhumados para evitar el colapso de los servicios de cremación.

Al observar el impacto del virus en el país se encuentran otras regiones con situaciones críticas: Antioquia, Atlántico, Bolívar y Valle del Cauca, son las que presentan un mayor impacto. Si a ese escenario se suman los requerimientos de atención para otras condiciones de salud, el diagnóstico señala que se requiere una planeación y reacción intensiva.

Aunque el gobierno de Bogotá se ha preocupado por garantizar la atención en salud, la situación cada día es más compleja.

La dinámica informativa que ha trazado el impacto de la Covid-19, por razones que no requieren explicación, se ha centrado en la atención en salud para quienes se han visto afectados por el virus.

El incremento del impacto del virus en las comunidades requiere de más equipos médicos, suficiente personal de salud y la expectativa de garantía de acceso a medicamentos que sean eficaces para el tratamiento de la infección. En otras palabras, inversión en recursos.

Sin embargo, se tienen otros requerimientos y situaciones que enfrentan las comunidades que deben estar en la agenda de los medios de comunicación y en la agenda ciudadana: falta de atención para tratamientos de personas con enfermedades crónicas, la entrega oportuna de medicamentos para quienes no pueden acercarse a los puntos de dispensación, la respuesta social que se gestiona desde la comunidades para enfrentar los efectos socio-económicos, las posibilidades que tiene a mano el gobierno para optimizar los recursos del sector salud y la inversión de los recursos destinados a la atención de la emergencia sanitaria, entre otros.

El acceso a la información financiera de la pandemia

El incremento del impacto del virus en las comunidades requiere de más equipos médicos, suficiente personal de salud y la expectativa de garantía de acceso a medicamentos que sean eficaces para el tratamiento de la infección, entre otros. En otras palabras, inversión en recursos.

Desde el Gobierno Nacional se han gestionado varios créditos internacionales para hacer frente al impacto de la Covid-19. El 31 de marzo, el Banco Mundial desembolsó US$250 millones ($917.000 millones de pesos) para el país, con tal propósito. Además, con el Fondo Monetario Internacional y la banca multilateral se tramitaron otros 14 mil millones de dólares (54,6 billones de pesos).

Frente al impacto del virus, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) ha expedido distintos decretos y resoluciones que buscan facilitar el acceso a los servicios de atención para quienes se vean afectados con el virus.

En Junio, Rafael de la Cruz, representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Colombia, señaló a la revista Dinero que el BID le prestará a Colombia US$1.700 millones. Agregó que el Banco Mundial otorgará otros créditos por US$700 millones destinados a financiar la respuesta a la pandemia.

Estos préstamos llegan a los US$16.650 millones, equivalentes a $61,6 billones de pesos, deuda que tendremos que asumir los colombianos, a través de impuestos.

Ese paisaje económico incluye varias denuncias sobre corrupción en la celebración de contratos para brindar apoyo alimentario a las comunidades vulnerables, en sobre costos de los productos que incluye el kit de ayuda, así como en la compra de implementos para los hospitales.

Al respecto, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana precisa que si antes no se sabía cuánta plata había destinado el Gobierno nacional para la atención en salud por la pandemia, ahora no se sabe en qué se está gastando el dinero destinado desde el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).

Señala el Observatorio que desde el FOME para el 27 de julio no se había girado ningún recurso al Instituto Nacional de Salud y que hacia el Ministerio de Salud se han girado $1.2 billones de pesos, aunque el Gobierno ha expresado en distintos escenarios que para la atención en salud destinará entre $7 y $8 billones.

En el sitio web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encuentran 58 declaraciones oficiales del ministro y los viceministros. Al menos en dos se hace referencia a los recursos dispuestos.

¿Por qué el Gobierno no le cuenta a los colombianos cuánto dinero ha gastado en la atención en salud y en qué se lo ha gastado peso por peso? ¿Por qué no es posible determinar hacia dónde se está yendo el dinero? Estas son las preguntas que hace el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

En el informe ‘La transparencia en el uso de los recursos para atender la emergencia’, del 21 de junio, el Observatorio señala que es difícil conocer la magnitud de los recursos destinados a la Covid-19, no se tienen cuentas claras sobre el uso de esos dineros y hay una “ausencia total de un plan concreto de gasto”.

El informe dice que la cantidad de dinero destinada a la emergencia es distinta, según la fuente del Gobierno que se consulte. En el sitio web del Ministerio de Hacienda y Crédito Público se encuentran 58 declaraciones oficiales del ministro y los viceministros. Al menos en dos se hace referencia a los recursos dispuestos.

El Observatorio precisa en su informe que el 29 de abril en un debate de control político en el Congreso de la República, el Ministro de Hacienda afirmó que se han invertido $30 billones de pesos. El 27 de mayo, durante una intervención del Presidente de la República, el Viceministro dijo que se han invertido $117,2 billones de pesos. Una diferencia de $87 billones de pesos en un mes.

El informe concluye que se encuentra una gran diferencia entre las cifras que el gobierno comparte en las declaraciones públicas y la información que se puede verificar.

“La dificultad misma de hacer esta verificación –que requiere una dedicación de varios días por parte del analista, tiempo que la mayor parte de los ciudadanos no pueden tomarse– va en contra del espíritu del principio de la proactividad en la divulgación de la información sobre el gasto público consagrada en la Ley de transparencia (Ley 1712 de 2014)”.

El Gobierno tiene a su alcance una fuente de recursos para responder a la Covid-19 y también favorecer a las comunidades afectadas por la hepatitis C (VHC).

“Para intentar entender cómo se están usando los recursos públicos, es necesario consultar distintas fuentes oficiales de consulta pública, que están en formatos que dificultan su entendimiento por quienes no están familiarizados con la contabilidad del Estado”, dice el documento en sus conclusiones.

Una opción para optimizar los recursos del Sector Salud

El Gobierno tiene a su alcance una fuente de recursos para responder a la Covid-19 y también favorecer a las comunidades afectadas por la hepatitis C (VHC): Declarar de interés público los medicamentos requeridos para el tratamiento de VHC.

En 2015, la Fundación IFARMA solicitó al Ministerio de Salud y Protección Social declarar de interés público estos medicamentos y en 2017 el Ministerio informó sobre el inicio del proceso administrativo correspondiente. No obstante, tres años después del anuncio la acción administrativa no avanza.

En respuesta a esa solicitud, en 2017 el Ministerio realizó la compra centralizada de medicamentos a través del Fondo Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), operación que facilitó pasar de $100 millones de pesos por tratamiento (2015) a $17,5 millones/ tratamiento (US$4.500).

En 2019, la OPS ofreció un tratamiento genérico equivalente y precalificado por la Organización Mundial de la Salud con un precio de US$129, costo 34 veces menor al que se logró con la compra centralizada, $469.302 pesos por tratamiento, (tasa de cambio de $3.638 COP / US$1,oo), lo que se traduce en un ahorro de $14,6 millones por paciente.

Al indagar sobre los efectos de la situación en la prestación de servicios de salud para los grupos considerados prioritarios, la realidad que se encuentra es algo diferente.

A este beneficio que ofrece la OPS pueden acceder los países donde los medicamentos para el tratamiento de la hepatitis C no tengan patentes vigentes, situación que no cumple Colombia y que impide ofrecer el tratamiento, con un menor costo y mayor cobertura, liberando recursos para atender a las personas afectadas por la Covid-19. Esta situación se puede corregir declarando de interés público los medicamentos y procediendo a expedir licencias obligatorias para uso público no comercial.

Los efectos colaterales de la Covid-19

Frente al impacto del virus, el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) ha expedido distintos decretos y resoluciones que buscan facilitar el acceso a los servicios de atención para quienes se vean afectados con el virus, así como las rutas a seguir para atender otras condiciones de salud, en el contexto de la emergencia sanitaria que el Gobierno Nacional decretó el 12 de marzo de 2020.

El MSPS determinó que los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los habitantes de calle, las víctimas de la violencia, los grupos étnicos, la población con discapacidad y las personas que viven con una enfermedad crónica son grupos prioritarios para recibir atención telefónica, virtual y domiciliaria.

Al indagar sobre los efectos de la situación en la prestación de servicios de salud para los grupos considerados prioritarios, la realidad que se encuentra es algo diferente.

En la última semana del mes de julio, la campaña Regálate Un M1nuto, iniciativa de información en salud que se adelanta desde la Fundación IFARMA para la prevención y atención de la hepatitis C, realizó un encuentro en línea con las organizaciones sociales vinculadas a la campaña en el sur del país con el propósito de dialogar sobre el acceso a los servicios de atención en salud, en el contexto de la Covid-19.

Barreras a la atención en salud para Hepatitis C en tiempos de la Covid-19.

Allí se denunciaron barreras para la entrega de medicamentos, demoras en la autorización de procedimientos y en la asignación de citas médicas, y la falta de personal especializado para atender a las personas según sus condiciones de salud.

Este relato ciudadano se repite en los departamentos del norte y centro del país, situación que describe un panorama crítico para los servicios de atención en salud que requiere de una planeación y reacción intensiva, para lo cual el diálogo con las comunidades es fundamental.

En algunos meses estaremos enfrentando los efectos de la Covid-19 en la población contagiada y recuperada, así como las consecuencias en la salud de quienes no recibieron atención/tratamiento con la continuidad requerida, como lo requiere una enfermedad crónica.

En este sentido, el 14 de julio la Procuraduría General de la Nación envió una carta al Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizabal, señalando que la atención de Covid-19 no puede ser excusa para la desatención de otras patologías que podrían convertirse en causas de mortalidad para la población de especial protección, tal como los adultos mayores, menores de edad y personas con enfermedades crónicas.

*El texto original se publicó en Conversando de Salud. Deshuesadero replica con la autorización de su autor, David Morales Alba.

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